La Ley 8/2021, de 2 de junio, supone un importante avance en la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, al promover el respeto a su autonomía y voluntad, y al establecer medidas de apoyo flexibles y adaptadas a sus necesidades y preferencias. La nueva regulación establece procedimientos claros y justos para la adopción de medidas de apoyo, que deben ser siempre orientadas a garantizar la protección y el bienestar de la persona con discapacidad. Es importante destacar que la adopción de medidas de apoyo debe ser siempre una medida excepcional, y que se debe promover la capacidad de la persona con discapacidad para tomar sus propias decisiones y ejercer sus derechos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con las demás personas. En este sentido, el apoyo individualizado se presenta como una medida de apoyo especialmente adecuada para promover la autonomía y la participación activa de las personas con discapacidad en la vida social, económica y política.