La inclusión de los migrantes y de los extranjeros naturalizados de origen migrante, ya convertidos en ciudadanos, es imprescindible para asegurar la convivencia en una sociedad cohesionada. Si se quiere afrontar con éxito un proceso de tanta complejidad, este se ha de abordar asumiendo un enfoque integral, en el que, apostando por la interculturalidad, la orientación no sea otra que la promoción de los derechos humanos. De ahí que haya que partir del entendimiento de que, en toda persona migrante o de origen migrante, concurren expectativas y necesidades, que la hacen merecedora de atención por sí misma. Se propugna así, ante la envergadura adquirida contemporáneamente por el fenómeno migratorio, la construcción de sociedades más inclusivas, en las que, más allá de garantizar el bienestar a largo plazo y la estabilidad de nuestras economías, se apueste por el empoderamiento de quienes se encuentran en situación de desventaja. Sólo así se alcanzará el grado de consenso y de percepción de pertenencia a una misma comunidad por parte de cuantos la integran. La construcción de un marco de referencia común exige la garantía de una efectiva igualdad de oportunidades, luchar contra la discriminación en sus muy distintas formas y manifestaciones, y propiciar el acceso a la educación, al empleo, a la vivienda, a la sanidad y a los demás servicios sociales. El objetivo no ha de ser otro que hacer que todos, sea cual sea su origen o procedencia, disfruten de derechos, adquieran conciencia de sus obligaciones y participen activamente en los múltiples niveles de gobierno que conforman la comunidad política en la que habitan.