Esta monografía examina críticamente la Ley por el derecho a la vivienda, desde sus medidas de Derecho privado y de Derecho público, a los efectos de proponer alternativas a la regulación dispuesta. La obra aporta un análisis completo de Derecho comparado europeo y norteamericano al respecto, distribuido en tres Capítulos. En el Capítulo Primero, se refieren la fase de elaboración de la norma y el contexto comparado. En el Capítulo Segundo, se analizan jurídicamente todas sus disposiciones. En el Capítulo Tercero, partiendo de las alternativas formuladas en el Informe España 2050 y desatendidas en esta norma, se desarrollan diversas propuestas de lege ferenda, algunas de ellas como legal transplant del Derecho comparado europeo. Finalmente, se propone una revisión completa de todas las prestaciones del arrendamiento de vivienda no modificadas por esta norma. Esta segunda edición de la obra incluye las últimas novedades jurisprudenciales, como las SSTC 9/2023 y 15/2023, legislativas, como la Ley 1/2023, de Cataluña, y la Ley 3/2023, de la Comunidad Valenciana, junto con las modificaciones en la Ley por el derecho a la vivienda tras su tramitación parlamentaria (Ley 12/2023, de 24 de mayo). De las enmiendas incorporadas, cabe destacar las siguientes: la rebaja de la consideración de gran tenedor de vivienda de diez a cinco viviendas, si las Comunidades Autónomas acreditan zonas de mercado residencial tensionado; la ampliación de las zonas de mercado residencial tensionado, por la eliminación de dos criterios a los que se vinculaba; la limitación de la actualización de los contratos de arrendamiento en vigor a un 2% en 2023, un 3% en 2024 y la aprobación de un índice ad hoc por el INE; el control de rentas generalizado para cualquier vivienda sita en zona de mercado residencial tensionado, con independencia de si su propietario es un gran tenedor; la reducción del plazo de aplicación del control de rentas de dieciocho a seis meses; la atribución de los gastos inmobiliarios de formalización del contrato y gestión inmobiliaria al propietario y la prohibición de la atribución de nuevos gastos al arrendatario; la protección para colectivos vulnerables frente a los lanzamientos de la vivienda habitual y la prórroga extraordinaria del contrato de arrendamiento para estos colectivos de un año más; el incremento de la reserva de suelo para vivienda protegida al 40%; y la irretroactividad de la descalificación de las viviendas de protección pública.