El debate sobre la gestión y organización de los servicios urbanos del agua ha crecido considerablemente en los últimos años. Especialmente tras el reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas del derecho humano al agua en 2010 se discute cuál debe ser el nivel de la Administración Pública que regule y gestione la prestación de estos servicios tan esenciales para la vida de las personas. En nuestro ordenamiento, el agua está calificada como un bien demanial de titularidad pública y los servicios urbanos del agua se califican como servicios públicos, lo que comporta que su prestación recaiga bajo la responsabilidad de la Administración Pública. Este trabajo trata de ofrecer una radiografía actual de configuración de los servicios urbanos del agua en España, tanto en lo que respecta a su distribución competencial como en lo referente a los modos gestión y su régimen jurídico financiero. Expuesto este análisis, se destacan algunos de los retos y disfunciones del sistema actual, tales como el envejecimiento de las redes, el escaso nivel de recuperación de costes, la heterogeneidad de precios o el elevado déficit de transparencia en el sector. Por último, se analizan los marcos regulatorios de distintos países de nuestro entorno como son Reino Unido, Portugal e Italia, en los cuales destaca la presencia de una entidad reguladora de ámbito estatal que trata de velar por la sostenibilidad del servicio y la protección de los consumidores y usuarios. Algunos de estos modelos nos permiten apreciar un nuevo paradigma donde se introduce un regulador de ámbito estatal sobre servicios que permanecen bajo la titularidad de las entidades locales. La existencia de estas agencias invita a una reflexión final en cuanto al encaje jurídico que podría tener la creación en nuestro ordenamiento de una figura regulatoria independiente sobre los servicios locales del agua, así como las posibilidades y los retos que comportaría su implantación.