Para exigir la demolición de las obras de un vecino que alteran los elementos comunes, debería ser suficiente con invocar la ausencia de autorización de la junta de propietarios. Sin embargo, los argumentos oportunistas del infractor pueden hacer fracasar la demanda: la existencia de precedentes, el consentimiento tácito, los actos propios, el derecho de igualdad, el abuso de derecho, la ausencia de prueba, el principio de afectación mínima, la necesidad de dotar al inmueble de infraestructuras y servicios básicos… ¿Qué autoridad real tiene la comunidad para evitar obras inconsentidas? ¿En qué circunstancias se pueden hacer alteraciones sin permiso?