El art. 23.1 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL) permite al Fondo de Garantía Salarial comparecer como parte en un procedimiento donde se decide un conflicto que ha surgido tan sólo entre un trabajador y su empresario, siendo como es, no obstante, un tercero procesal, como la propia Ley viene a reconocer. La mayoría de la Doctrina considera al Fondo de Garantía Salarial como un tercero procesal, si bien sólo como un interviniente subsidiario de una deuda empresarial, y que como tal sujeto procesal carece de cualquier iniciativa para su defensa, estando sujeto como mero coadyuvante a lo que determinen las partes, bien el demandante, bien el demandado.