El propósito de este Libro consiste en analizar la problemática procesal que suscita la validez de la prueba electrónica en el ámbito del proceso laboral, teniendo presente la singularidad que presenta la regulación específica de los derechos digitales en el terreno laboral. La transición digital ha provocado que las evidencias digitales sean la fuente más importante de información sobre la actividad desarrollada por los trabajadores. Estas evidencias digitales son una potente herramienta de acreditación de hechos jurídicos, que pueden ser aportadas por cualquiera de las partes de la relación laboral ante los órganos jurisdiccionales de lo social. No obstante, la prueba de los hechos digitales o electrónicos se enfrenta a varios desafíos. Uno se refiere a la obtención de dicha evidencia por incidir en la esfera de los derechos fundamentales de las personas. En este libro se profundiza sobre la forma de acceder desde la óptica de los derechos digitales reconocidos a los trabajadores por la normativa de protección de Datos personales (RGPD (UE) y LO 3/2018), estableciéndose los criterios de constitucionalidad que se deben observar en la investigación forense de cada uno de los medios tecnológicos utilizados, al objeto de obtener una prueba lícita. Otro de los aspectos problemáticos, aún en estadio preprocesal, es el acceso a los elementos de prueba que pudiera disponer la otra parte, (generalmente el empresario, al controlar los medios digitales) para tomar una decisión o fundamentar la demanda. Aquí se apuesta por recurrir al trámite de diligencias preliminares y solicitar el auxilio judicial. Los desafíos surgen también en relación con la particular naturaleza alterable de estas evidencias, lo que suscita la pregunta de cómo deben recogerse y custodiarse, sugiriéndose la posibilidad de la aplicación de la cadena de custodia, a fin de garantizar la inalterabilidad. Ya en el proceso, el gran reto es cómo y cuándo incorporar estas evidencias digitales al proceso judicial, y qué valor probatorio atribuir, lo que está directamente relacionado con la naturaleza jurídica. Ainhoa Goñi Irulegui es doctora en Derecho con mención internacional por la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Cursó sus estudios de Derecho en la Facultad de Derecho de San Sebastián de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Universitatea. Realizó el Master en Derecho de la Empresa en la Universidad de Deusto (Bilbao). Ha ejercido como abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa encargándose de asuntos civiles y laborales. Ha disfrutado de una beca de estancia de investigación en el Centre de Documentation et Recherches Européennes (CDR) de la Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA). Cuenta con varias publicaciones en temas como el “Valor probatorio de los mensajes de WhastApp”, “La prueba pericial sobre la mensajería instantánea”, o “El acceso anticipado a la fuente de prueba digital y su aseguramiento en el orden jurisdiccional social”. Participa en el Proyecto de investigación I+D+I del Grupo de Investigación de la UPNA, Código 331, sobre el “Análisis prospectivo de las vías extrajudiciales de resolución de conflictos” financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.